Un problema estructural con desigual distribución de sus consecuencias
La violencia comúnmente asociada a la narcocriminalidad antecede y trasciende a la venta de drogas en la ciudad. Por eso nos referimos a una situación estructural de larga data, con recrudecimiento en sus manifestaciones y con múltiples factores que la explican y la agravan. Se debe, en parte, a que Rosario es una ciudad nueva, constituida en torno al puerto, históricamente atravesada por conflictos virulentos. También responde al lugar privilegiado que tiene para el contrabando en la circulación del país y el continente, siendo punto de cruce de rutas de trascendencia económica, y a la connivencia de actores empresariales, clubes, sectores de poder y actores estatales en esa trama delictiva.
Las cuestiones asociadas al mercado ilegal de drogas y otras formas de delito atraviesan a todos los sectores sociales, pero sus peores consecuencias se viven en los barrios populares, donde el Estado perdió capacidad de trabajo en prevención, acompañamiento, generación de oportunidades y trabajo digno para las juventudes.
Qué pasa y qué no pasa en Rosario
Es importante no reproducir imágenes estereotipadas de las organizaciones que controlan una de las patas del negocio del tráfico de drogas ilegalizadas, ligado al uso indiscriminado y creciente de la violencia con armas de fuego. El crecimiento de este mercado fue absorbido por pequeñas organizaciones delictivas, bandas locales preexistentes, que hasta ese momento se dedicaban a otro tipo de delitos (“Los Monos” robo de caballos; Alvarado, robo de autos; etc.), pero siempre actuaron con mucha violencia.
Estas bandas han crecido en volumen y capacidad de organización, vinculándose con sectores de la política, del Poder Judicial, de las empresas y la policía. Hoy se constituyen como bandas barriales narcopoliciales que gobiernan paraestatalmente algunos barrios de la ciudad.
Se organizan verticalmente, con un carácter militarizado en términos de jerarquía y subordinación, pero bastantes deficiencias orgánicas, y se caracterizan por mantener el control sobre el territorio en el que se despliegan y hacer un importante uso de la violencia con armas de fuego. No se trata de cárteles sino de pequeños enclaves de bandas barriales.
Frente al encarcelamiento de algunos de sus líderes en los últimos años, han comenzado a resolver sus disputas (que no están todas vinculadas al comercio de drogas, sino también a cuestiones personales, búsqueda de reconocimiento y respeto*) de formas cada vez más violentas, incluyendo en tiempos recientes hechos de gran notoriedad pública y social (balaceras a sedes de organismos políticos, judiciales, ejecución de personas aleatoriamente en la vía pública, asesinato de niñxs).
La insistencia sobre lo que no funcionó
Lo comentado más arriba se vincula con la proliferación de armas de fuego en los barrios y la falla sistemática de las intervenciones del Estado en sus distintos niveles. Las respuestas punitivas centradas en el despliegue de las fuerzas de seguridad en los territorios más afectados no han mostrado tener eficacia en más de una década. Mucho de lo que escuchamos mayoritariamente en medios nacionales, como pacificar con Gendarmería se viene haciendo y no arroja ningún resultado exitoso. Enviar gendarmes u otras fuerzas de seguridad inexpertas, desconocedoras del territorio y con escasa formación en este tipo de intervenciones, en general no mejora las condiciones concretas de la calle.
Hace 10 años que Rosario triplica la media nacional en estadísticas de homicidios (durante 2022 la cuadriplicó). Sin embargo, esas muertes están concentradas territorialmente. Existen en Rosario 112 barrios populares en un radio de 8 km, en los que habitan alrededor de 35 mil familias. Son territorios atravesados por la violencia, el 90% de las muertes violentas en Rosario son de jóvenes de sectores populares y se concentran en barrios puntuales que se caracterizan por una marcada ausencia de oportunidades para las juventudes que encuentran en la participación en estas bandas un espacio para la construcción de su identidad, un espacio de reconocimiento, frente a la marginación del mercado de trabajo y la falta de iniciativas desde el Estado. Sus muertes, que hacia afuera son presentadas como descartables, son sufridas y lloradas lejos de estar naturalizadas como se presenta mediáticamente. Esto responde no sólo a una transformación del mercado laboral, sino también a una deriva cultural frente a la cual es necesario proponer alternativas para lxs pibxs de estos barrios.
Justamente la complejidad del cuadro hace que una respuesta centrada en la persecución al crimen organizado que incluye el desembarco territorial de las Fuerzas Armadas para tareas que se enfocan en aspectos más cercanos a la prevención social y la continuidad de políticas que no han tenido resultado en los últimos años no sea la adecuada. Por el contrario: siguen abonando a los imaginarios derechistas falaces (que rápidamente salieron a celebrar el triunfo de su empeño en instalar sus políticas en la agenda), centrados en ideas de orden que refuerzan la concepción de que la única forma de presencia del Estado en esos territorios es la represiva. Los acuerdos democráticos entran en cuestión.
Algunas orientaciones de urgente necesidad
En primer lugar, creemos indispensable convocar de manera urgente a un consenso político de fondo (que actualmente no existe) entre las fuerzas políticas y sociales democráticas de la Provincia para trabajar de conjunto entre todos los poderes y todos los niveles. Las desinteligencias, negligencias y complicidades en el poder judicial, en los ejecutivos, en el sistema policial, entre otros, redundan en mezquindades y deficiencias que no permiten dar respuesta a las situaciones urgentes que demandan intervenciones integrales. En definitiva, si ninguna de las partes responsables cede, la que pierde es la ciudadanía.
En segundo lugar, es necesario que el Estado articule dispositivos multiagenciales, territoriales, con presencia permanente de las áreas que pueden ayudar a resolver los conflictos sociales en relación a problemáticas de vivienda, urbanización, salud, educación, acceso a derechos básicos, entre otras. Es preciso conocer en cercanía cuales son las demandas, las necesidades, las disputas, los enfrentamientos y qué respuestas se necesita construir en cada caso. En los barrios populares y en la sociedad rosarina toda, el entramado criminal forma parte de la cotidianeidad, y no sólo en relación al mercado ilegal de drogas. Sin embargo, las consecuencias las paga principalmente el eslabón más precario, y los espacios vitales que habita. Parte de terminar con la hipocresía reinante es asumir que el Estado en esos barrios tiene que poder ser otra cosa, y que la faceta represiva, entonces, también puede ser reenfocada a combatir a los eslabones más altos del circuito: lavado de dinero, inversiones en el mundo inmobiliario, falta de control impositivo, entre muchos otros.
En tercer lugar, es momento de dotar de recursos a las instituciones judiciales pero garantizando mayor control social sobre las mismas. Si el Ministerio Público de la Acusación fue creado para generar mecanismos de control democrático y de investigación acorde a los tiempos que corren, necesita ser más eficiente, contar con más recursos pero también con mayor transparencia. Hay muchas dificultades para comprender la manera y los criterios con los que se trabajan muchos de los casos importantes relativos a las violencias cotidianas.
En cuarto lugar, esto no es un problema de Santa Fe, sino regional y nacional por lo que es preciso poner en discusión de manera urgente la Ley de Estupefacientes. Necesitamos asumir que el prohibicionismo fracasó a nivel mundial, que no sirve como respuesta ante el incremento del consumo ni limita el crecimiento de un mercado tan enorme como rentable. El Estado tiene que poder regular e intervenir de otra forma, orientado por una perspectiva de salud pública y respetuosa de los derechos humanos que propongan una separación clara entre consumo y comercialización, quitándole rentabilidad a los mercados ilegales de drogas. De lo contrario, los enfrentamientos entre bandas serán el común denominador y la violencia y la muerte serán las formas de organizar la vida en comunidad, como ya está sucediendo. Son necesarias la madurez y responsabilidad de todas las fuerzas políticas evitando tomar medidas efectistas o pretendidas soluciones mágicas.
En quinto lugar, también es necesario revisar los mecanismos legales que enmarcan el funcionamiento actual de la aduana más grande del país. El poco poder de control que posee frente a los privados también es parte de la explicación acerca de porqué Rosario se ha vuelto un lugar central para la exportación de drogas ilegales.
En sexto lugar, son urgentes planes de desarme sustentables, articulados entre Nación y Provincia. Planes de desarme con inyección de recursos, que permitan recuperar parte de las armas que circulan por el mercado ilegal otorgando retribución económica a cambio, y acompañada de campañas inteligentes y situadas para promover la entrega de armas.
En séptimo lugar, el Municipio no puede tener un rol de observador o comentarista impotente. Las tareas de urbanización y primer acceso a derechos les corresponden. No necesitamos tanto una policía propia como una mirada de gestión integral y con recursos. Poner la responsabilidad afuera, no es el camino.
Por último, la policía de Santa Fe y el Servicio Penitenciario Provincial requieren de una urgente transformación y reforma democrática profundas. No sólo para adecuar sus normativas a los marcos de la democracia sino para ser profesionalizados, terminar con el desarraigo de sus agentes, poder ser formada en tareas específicas de distinto nivel de especialización, y reconstruir su vínculo con la sociedad. Recuperar la conducción política de las policías requiere de una inversión adecuada y de los cuadros técnicos pertinentes para encarar y sostener una política de Estado más allá de los cambios de gestión.
La espectacularización de nuestras vidas y nuestro dolor
Lo que sucede en Rosario contado desde medios porteños, con la espectacularización de la violencia, el consumo morboso de la necrónica que nos habla de “carteles”, de la “Sinaloa argentina”, de la excepcionalidad de este fenómeno, no aporta a entender pero mucho menos a erradicar las muertes. La violencia televisada también abona a multiplicar esa violencia, que se va colando por todos los espacios. Las propuestas de soluciones mágicas, las respuestas militaristas, la imposición de agendas punitivas y el efectismo no resuelven nada. Al contrario, empeoran el cuadro. La sensación de falta de Estado, el desamparo, la inacción y la impunidad, sólo nos van a traer más muertes.
En Rosario estamos enojadxs, pero sobre todo estamos muy tristes. Las vidas y muertes trágicas de miles de jóvenes, la precariedad en la que vive gran parte de la población, el terror que acompaña todos los días a quienes habitan más allá de los bulevares céntricos, desordena cualquier proyecto de vida. Hay una dimensión humana básica en esta problemática que tiene que estar en el centro de cualquier política pública, de toda iniciativa que se plantee asumir la complejidad de la situación y actuar en consecuencia. Lo peor que nos puede pasar es no tener más esperanza, y queremos aportar a reconstruir las condiciones en las que sea posible diagramar otra vida en esta ciudad, con todo el mundo adentro.
* Ver al respecto el trabajo de investigación de Eugenia Cozzi.