Compartimos el informe que realizamos desde el Área de Seguridad, Delito y Encierro.
Abordamos los antecedentes recientes del Protocolo promulgado en 2016 en la anterior gestión de Bullrich en Seguridad.
Analizamos la pretensión de incorporar al Servicio Penitenciario Federal a la represión de las protestas sociales, la normativa aplicable, la realidad en las cárceles federales, y el requerimiento de brindar formación especializada.
Examinamos el abordaje realizado por el Protocolo desconociendo directamente el derecho a la protesta y su protección por la normativa nacional legal, supralegal e internacional.
Observamos también la mirada sorbe las facultades de las jurisdicciones provinciales.
Trabajamos especialmente sobre el tratamiento dado al uso de la fuerza, así como también a la forma en que se proponen manejar los datos personales de los manifestantes para construir registros manejados por el Ministerio de Seguridad.
Advertimos sobre el uso realizado alrededor de la cuestión ambiental para justificar la intervención policial y problematizamos la aproximación claramente persecutoria respecto a (especialmente) madres y padres con NNyA en manifestaciones.
Desgajamos el intento realizado por cobrar los operativos policiales a quienes se manifiestan y el tratamiento discriminatorio a ciudadanos extranjeros a la luz de la normativa internacional.
Por último, detallamos qué significa la derogación del "Protocolo Garré"
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